Resumen: Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse .Teniendo en cuenta tal doctrina jurisprudencial, sería de aplicación el plazo de un año de prescripción para reclamar las aportaciones debidas al Plan de Pensiones. La fijación del dies a quo del pazo prescriptivo, debemos precisar que, en este particular caso, el beneficiario demandante solicita la realización de aportaciones por los periodos antes indicados, pero con fundamento en el acuerdo individual que suscribió con la entidad demandada en fecha 30/11/2015 entre el demandante y la empleadora, que se enmarca en un Plan de Bajas Voluntarias Incentivadas, dirigido a empleados en activo nacidos con anterioridad al 01/01/1959
Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. El 14/3/2020 la actora fue incluida en un ERTE por fuerza mayor, permaneciendo en esa situación hasta el 15/3/2020. Por auto de 18/11/21 se extinguió la relación laboral, y de otros trabajadores. La Sala IV reitera doctrina Pleno 16-11-2022 R. 5326/2022, que señala no hay derecho a generar prestación durante el tiempo que estuvo en situación de fuerza mayor COVID, por lo que no computa como cotizado para nueva prestación el periodo que se perciben prestaciones por suspensión, en aplicación del art 269.2 LGSS. La normativa especial COVID-19 no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, ni pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo covid. Además, los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo, establecen que tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación.
Resumen: La trabajadora accede a prejubilación en 2012 solicitó aportaciones al plan de pensiones ordinarias y adicionales enero/14 a junio/17, se jubiló en 2015. El JS apreció prescripción de la acción por aplicar el plazo del art. 59 ET. El TSJ confirmó por reclamar cantidades salariales. En cud se cuestiona si el plazo es de 5 años del art. 53.1 LGSS. La Sala IV remite a su doctrina sobre las aportaciones a este plan de pensiones, rcuds. 1805/21 y 86/2021 recordando que la fecha de la baja no puede identificarse con la fecha de la jubilación ordinaria sino con la de la prejubilación y cese definitivo en el trabajo y que sólo los activos en el periodo solicitado tienen derecho al percibo de la cantidad reclamada. En relación a la cuestión recuerda su doctrina sobre la naturaleza salarial de las aportaciones, tiene en cuenta la presunción iuris tantum de que las cantidades que percibe el trabajador son salario correspondiendo la carga de la prueba a quien alegue el carácter extrasalarial. Remite a su STS 27/10/2023 rcud. 688/2022 que resolvió sobre la misma petición y que al haber quedado excluido el prejubilado antes del inicio del periodo de suspensión de las aportaciones el 1/01/14 provoca que a su vez no tenga derecho a reclamar las aportaciones suspendidas, lo cual a su vez, causa el efecto de que quede vacío de contenido la alegada prescripción de la acción de reclamación en el periodo reclamado.
Resumen: La trabajadora demandante se acogió a una baja incentivada en el marco de un expediente de regulación de empleo, percibiendo una indemnización muy superior a la legalmente prevista. En la demanda impugna el importe de la indemnización. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda apreciando inadecuación de procedimiento. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, reitera que el procedimiento adecuado era el de despido, con lo que confirma la sentencia recurrida.
Resumen: Decidir si las aportaciones empresariales a un plan de pensiones suspendidas desde enero de 2014 a junio de 2017, reclamadas por la parte actora, se someten a la prescripción de un año prevista en el art. 59 Estatuto de los Trabajadores, o al plazo de cinco años del art. 43 de la Ley General de la Seguridad Social .La Sala IV pone de relieve los diversos pronunciamientos sobre la cuestión de fondo -reclamación de aportaciones en aquel periodo - centrados en el tenor de la cláusula II.C del Acuerdo de 27/12/2013 y que lleva a concluir que solamente los trabajadores en activo de Liberbank SA que se jubilen o sean despedidos colectiva u objetivamente en el citado periodo temporal, tendrán derecho a percibir esa cantidad. Seguidamente, recuerda la naturaleza salarial de los planes de aportación. Finalmente concluye, con remisión a pronunciamientos previos, con la ineficacia del análisis de la excepción de prescripción dado que el demandante quedó excluido del plan de recuperación en tanto en cuanto se prejubiló antes del inicio del período de suspensión, por lo que carece de derecho a reclamar las aportaciones suspendidas a partir del 1 de enero de 2014 y, a su vez, esto causa como efecto que quede vacía de contenido la alegada prescripción de la acción de reclamación en cuestión por ese período. Reitera STS 356/2024, de 23 de febrero (rcud 344/2022 (31) ) y 363/2024, de 23 de febrero (rcud 854/2022
Resumen: La sentencia recurrida, recaída en casación ordinaria, declara la nulidad de lo actuado reponiendo los autos al momento anterior a dictarse sentencia a fin de que por la Sala de suplicación, con absoluta libertad de criterio, se dicte nueva sentencia en la que se resuelvan las cuestiones planteadas en el segundo motivo de recurso de suplicación de la actora, en el que insta la nulidad del cese. Las presentes actuaciones traen causa de demanda de despido. Consta que, después de la presentación de la demanda y seis meses antes de que se celebrara el juicio, se presentó escrito de ampliación en el que interesa la nulidad del despido por superación de los umbrales del art. 51 ET, debatiéndose ante el TS si cabe la ampliación de la demanda que suponga variación sustancial de la misma. Recuerda al efecto la Sala IV que la única norma que prohíbe la variación sustancial de la demanda es el art. 85.1 LRJS, por lo que es irrelevante que los escritos de ampliación supongan o no modificación sustancial de la misma, cuando son presentados con anterioridad al acto del juicio y se dé traslado a la parte contraria, permitiendo su adecuada defensa, situación que no es la que contempla el art. 85.1 LRJS, por lo que ha de acudirse al art. 401.2 LEC, y determina en el caso la nulidad de lo actuado en los términos ya señalados.
Resumen: La empresa solicitó acogerse a la regulación de empleo Covid-19 que no fue estimada por la Administración laboral que apreció caducidad del expediente. El juzgado estimó la demanda y la Sala confirma la sentencia, aunque no por los argumentos del juzgado sin por la falta de cobertura legal de la Administración para archivar el procedimiento pues .si los ERTE's por causas ETOP no dan lugar a un procedimiento administrativo, sino que lo que se produce es una simple comunicación a la autoridad laboral del inicio del periodo de consultas y de la decisión empresarial sobre la suspensión de contratos o reducción temporal de jornada, la autoridad laboral carece de competencias para emitir cualquier tipo de resolución y lo únco que puede hacer si considera que la decisión empresarial es contraria a derecho es impugnarla. Lo que la Administración no puede hacer es dictar una resolución aprobando, rechazando o declarando caducado el ERTE, pues la obligación de resolver que le impone el artículo 21 de la Ley 39/2015 se circunscribe a los procedimientos administrativos y en estos casos - como hemos dicho- no hay ningún procedimiento administrativo.
Resumen: RCO en despido colectivo en el que son computables las resoluciones indemnizadas de los contratos generadas por la disconformidad con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo operada por la empresa. Revisión fáctica y requisitos. Falta de legitimación activa del sindicato SUTy concepto de implantación suficiente. El Sindicato recurrente no cuenta con representantes unitarios, tampoco consta que cuente con sección sindical,y no consta una afiliación a dicho sindicato que acredite implantación suficiente (de 369 trabajadores puede tener 7 afiliados). No se estudia el motivo de fondo de no haber realizado el preceptivo periodo de consultas para las 10 modificaciones sustanciales que finalizaron en las correspondientes 10 extinciones de contrato.
Resumen: La Audiencia Nacional declara su falta de competencia objetiva para conocer de demandas individuales de impugnación de despido interpuestas por trabajadores a título individual por lo que declina la misma en favor de los Juzgados de lo Social.
Resumen: En la demanda se impugna la modificación sustancial de condiciones de trabajo que afectó a la demandante, representante sindical, alegando que la misma entraña vulneración de su derecho de libertad sindical. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, concluye que la modificación sustancial de condiciones de trabajo de la demandante no afecta al ejercicio de su actividad sindical, con lo que confirma la sentencia recurrida.
